Otra trampa discursiva de la derecha para condicionar
la gestión
Hay plan económico: de qué hablan y qué piden los que
lo reclaman
El Gobierno tiene un plan de economía
política, que no es lo mismo que las proyecciones de variables macro económicas
que muchos definen como "plan económico". La trampa discursiva para
condicionar la gestión oficial. El debate debería orientarse a la calidad de
las medidas para conseguir los objetivos planteados.
Recuperar la industria, aumentar el
empleo privado formal, mejorar la calidad de vida de grupos vulnerados,
incrementar el ingreso de los sectores populares, avanzar en un régimen
tributario con mayor progresividad, impulsar la obra pública como multiplicador
de la actividad económica, orientar el gasto público para incrementar la
productividad general, desdolarizar las tarifas de servicios públicos, fomentar
producciones de exportación y administrar la entrada de importaciones,
reconstruir el mercado de deuda en pesos, estabilizar la plaza cambiaria y
ordenar el frente monetario y fiscal.
Estas metas, entre otras, constituyen
un plan de economía política, que no es lo mismo que las proyecciones
de variables macroeconómicas con las cuales los denominados
economistas profesionales hipnotizan a la mayoría.
Se presentó, además, un Consejo
Económico y Social (CES) cuya misión es la búsqueda de acuerdos
intersectoriales en base al diálogo, demanda repetida históricamente por los principales
actores económicos y sociales. El objetivo de esta iniciativa es definir
cuestiones del desarrollo para el mediano y largo plazo. El CES se comprometió
a diseñar en mil días una agenda de trabajo en varias áreas clave para elevar
al Poder Ejecutivo anteproyectos de ley para cada una de ellas.
La controversia sobre si existe un
plan económico entonces es sólo una trampa discursiva de la derecha
para condicionar la gestión de la coalición política al frente del
gobierno.
El debate, en realidad, debería
orientarse a la calidad y dinámica en la ejecución de las medidas para
conseguir los objetivos planteados, no a la falta de un plan de gobierno.
Reclaman un plan quienes destruyeron
la economía
A esta altura, después de la
aplicación de varios "planes económicos" considerados
"serios" para esa comunidad de negocios (Martínez de Hoz, Austral,
Primavera, Convertibilidad, macrismo), con indudables resultados
desastrosos, reclamar uno para dar "previsibilidad" por quienes
fueron protagonistas, ideólogos o propagandistas de esos fiascos resulta una
ironía retorcida que, en concreto, persigue otros objetivos:
1. Definir medidas de ajuste regresivo.
2. Privilegiar la actividad de grupos
dominantes del poder económico.
3. Subordinar la política económica a
los intereses de las finanzas globales.
4. Continuar con el negocio de
consultores del establishment dedicados a comercializar información económica y
a orientar expectativas según el color político del gobierno.
¿Qué sería un plan económico para la
secta de economistas que influye en el mundo empresario, donde, teóricamente,
sus miembros son astutos para no ser engañados una y otra vez? Diseñar un
esquema con cifras de variables clave para los próximos años.
La trampa de proyectar números en la
economía argentina
En la economía argentina, con marcada
inestabilidad, un régimen de elevada inflación y rasgos bimonetarios
pronunciados, postular la necesidad de enunciar un "plan económico"
convencional debería ser considerado sólo como una coartada para
contener expectativas sociales y económicas atrapadas del discurso
dominante, además de para tranquilizar a las almas bellas del FMI.
Se sabe que esas proyecciones son una
trampa de números porque es tal el nivel de sensibilidad de la economía
local ante cualquier impacto local o externo que esas previsiones
quedan rápidamente desactualizadas. Esto no es responsabilidad de quienes las
elaboraron, sino que es una consecuencia lógica de dos factores que se
realimentan:
1. Los años de arrastre de una economía
con fuertes fluctuaciones macroeconómicas y políticas en un escenario de
intensa puja distributiva que no es frecuente en otros países.
2. La elevada vulnerabilidad de la economía local
ante acontecimientos internacionales inesperados que alteran cualquier
previsión económica. En estos momentos se está transitando uno de ellos: la
pandemia del coronavirus.
El ejemplo inmediato de la influencia
de estas restricciones es el Presupuesto
2021,
instrumento que obviamente es necesario como herramienta de orientación de la
política económica, pero no para considerar las cifras presentadas como metas
absolutas. No correspondería evaluar un desvío como sinónimo de plan fallido.
Es importante identificar las razones de las diferencias nominales,
pero lo sustancial sigue siendo cuál es el sendero económico propuesto.
Nuevas cifras de precios y salarios
La tensión entre precios e ingresos
de los sectores populares sirve para comprender la diferencia entre nominalidad
(números) y objetivos de un plan de economía política.
El ministro de Economía, Martín
Guzmán, presentó la meta de una tasa de inflación anual del 29 por
ciento para este año, planteando que salarios y jubilaciones ganarían de 4 a 5
puntos por encima de esa cifra. O sea, la política económica definió que
los ingresos populares comenzarían a recuperar poder adquisitivo en términos
reales.
Ya sea por el shock externo
imprevisto del alza de las materias primas de exportación, lo que se conoce
como inflación importada, o por la acelerada recomposición
de márgenes de rentabilidad del sector privado, la tasa de inflación subió
varios escalones más de los previstos.
Guzmán afirmó en varias oportunidades
que el Estado, ordenando las cuentas fiscales y monetarias, y los sindicatos,
acordando paritarias unos puntos por encima del 30 por ciento, en línea con el
objetivo del Presupuesto 2021, cumplieron con su parte. En cambio, el mundo
empresario no acompañó y ajustó precios por arriba de esas cifras.
Si en el plan oficial no estuviese
explícita la meta de mejorar los ingresos de los sectores populares por encima
de la inflación, no se alteraría esa dinámica regresiva. Pero, como ese
objetivo del gobierno de Alberto Fernández está manifiesto,
se redefinió la nominalidad inicial reforzando la red de
emergencia sociolaboral: un bono extra de 6000 pesos para casi el millón de
personas del programa Potenciar Trabajo, otro bono extra para jubilados y
pensionados, y señales para que las paritarias de trabajadores formales avancen
hacia el 45 por ciento, entre otras medidas.
Un caso opuesto fue el
papelón de la dupla Federico Sturzenegger-Lucas Llach, en el Banco Central
de Macri, cuando definieron la meta de inflación 2018: 10% (+ - 2%) y
quedó totalmente desactualizada al cerrar ese año en 47,6 por ciento, y no hubo
ninguna medida compensadora para evitar la pérdida del poder adquisitivo del
salario (bajó 10 por ciento y se destruyeron casi 200 mil puestos formales) y
de las jubilaciones (perdieron 15 por ciento).
El análisis del Banco Central
Despejada la confusión
deliberada acerca de la ausencia de un plan económico, un aspecto que
resulta notable es que en ese debate se oculten los siguientes
condicionamientos:
1. La existencia de una pandemia que derivó en la
peor crisis económica global de, por lo menos, los últimos 100 años, con
devastadoras consecuencias en el empleo y en las condiciones de vida de
millones de personas.
2. El desastre dejado por la alianza
macrismo-radicalismo que colocó a la economía local en una posición aún más
vulnerable ante el impacto de la pandemia.
El último informe de
Estabilidad Financiera del Banco Central ofrece un interesante
análisis para abordar con rigurosidad esa controversia teniendo en cuenta el
actual contexto local y externo.
Afirma que, "tal como acontece a
nivel mundial, las perspectivas económicas locales siguen condicionadas por la
evolución de la pandemia". Menciona que el foco continúa estando en la
situación sanitaria -que en los últimos meses llevó a que se reintrodujesen
ciertas restricciones a la movilidad, aunque en forma menos intensa que un año
atrás-, a lo que se le suma el avance en la aplicación de vacunas que viene
mostrando resultados favorables en línea con una mayor cantidad de dosis
recibidas.
En este marco, medidas del Banco
Central acompañan el proceso de normalización del funcionamiento de la economía
"buscando atemperar un potencial impacto sistémico del shock sobre el
sector privado". Enumeró los ejes de esa política prudencial que
deben ser considerados como parte del plan de economía política del gobierno de
Alberto Fernández:
1. Dinamizar el crédito al sector privado.
2. Aliviar la situación financiera del sector
privado.
3. Propiciar el ahorro bancario en pesos a plazo.
4. Sostener la holgura en términos de solvencia que
tienen las entidades.
5. Mantener y perfeccionar las regulaciones
cambiarias, evitando que desequilibrios transitorios entre la oferta y demanda
afecten la posición de reservas internacionales.
El Banco Central, a cargo de Miguel
Pesce, advierte que "la situación sigue siendo desafiante, de cara a
la presencia de diversos riesgos potenciales a corto plazo". Señala que,
por un lado, el contexto externo continúa presentando un conjunto de factores
de incertidumbre y vulnerabilidades según la evolución de la pandemia y sobre
la efectividad y sostenibilidad de las políticas de estímulo en países
desarrollados.
A nivel local indica que las
expectativas siguen condicionadas por la situación sanitaria, a la que se le
suman factores como la negociación abierta con organismos internacionales (FMI
y Club de París) y las elecciones de este año.
Estos elementos son insumos básicos
para involucrarse y no perderse en el humo de confusiones del
dispositivo de derecha cuando habla y pide un plan económico.
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